No dieron preferencia a su colonoscopia a pesar de manifestar desde hacía meses síntomas definidos de una enfermedad grave
La prueba se la encargaron en noviembre de 2018, pero le dieron cita para mayo de 2019. Cuando llegó el diagnóstico, la enfermedad estaba en estadio IV con metástasis y ya no tenía cura.
El titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº1 de Santander, Juan Varea Orbea, ha condenado al Servicio Cántabro de Salud (SCS) y a su entidad aseguradora, Berkley Insurance, a indemnizar con 30.000 euros al marido de una joven de 32 años que falleció de cáncer de colon. Le programaron la colonoscopia seis meses después de despertar síntomas muy graves y no calificaron la prueba como «preferente».
La prueba se la encargaron en noviembre de 2018, pero le dieron cita para mayo de 2019. Cuando llegó el diagnóstico, la enfermedad estaba en estadio IV con metástasis y ya no tenía cura.
La sanidad cántabra consideró que los síntomas que presentaba la paciente eran inespecíficos y que, debido a su edad, la posibilidad de que padeciese cáncer de colon era extraordinaria. Por lo que no vieron oportuno que su prueba tuviese que calificarse de urgente o de preferente.
Su marido decidió acudir a los tribunales ejercitando una acción de responsabilidad patrimonial contra el SCS por no practicarle a su mujer todas las pruebas necesarias para diagnosticar y tratar a tiempo la patología. Lo hizo de la mano de los socios fundadores del bufete Cadan Asociados Abogados, los letrados Carlos David Gil Camuña y Ángel Alfonso.
EL PERITO DE PARTE FUE CLAVE
A la hora de tomar una decisión, para el juez fue clave el informe de parte emitido por un facultativo especialista en oncología, el cual detalló que la paciente, que presentaba desde noviembre de 2018 síntomas graves, tendría que haberse sometido a la colonoscopia en unas 4 o 6 semanas, no en mayo de 2019, por lo que su prueba tendría que haberse calificado de preferente.
Tal y como se explica en la sentencia 149/2023 de 30 de octubre, la paciente tenía dolor desde hacía meses, una diarrea que le hacía ir al baño unas tres o cuatro veces al día y un alto nivel de calproctetina fecal, lo que hacía indicar que algo no iba bien.
Sus síntomas eran tan molestos que tuvo que acudir en reiteradas ocasiones al servicio de Urgencias del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (Cantabria). El 28 de abril asistió por dolor abdominal, cólicos, vómitos y diarreas de seis deposiciones, pero no le hicieron pruebas y le mandaron a casa. Pero a las pocas horas tuvo que volver porque el dolor no cesaba.
Y fue en ese momento cuando le realizaron un TAC y descubrieron que tenía cáncer de colon con metástasis hepática, pulmonar peritoneal y ovárico.
Este diagnóstico fue confirmado días después por la colonoscopia que tenía programada en mayo de 2019 y, como su posibilidad de supervivencia era del 5%, le dieron quimioterapia paliativa. Falleció en agosto de 2020.
De modo que el juez, de acuerdo con el perito, consideró que si las pruebas diagnósticas acordadas en noviembre 2018 se hubieran practicado con carácter preferente en diciembre, se hubiera incrementado la supervivencia de la paciente, que a a 5 años hubiera sido del 50%.
Además la administración no dio detalles de por qué, a pesar de existir indicios de una enfermedad grave, no se acordó la prueba con carácter preferente. “Estamos hablando de una sencilla prueba diagnóstica en una paciente que no mejoraba y que, precisamente por su edad, permitía inferir la existencia de un proceso de mayor gravedad frente a las iniciales sospechas”, relató el titular del juzgado.
Y aunque en un principio solicitaron una indemnización de 90.000 euros, tras valorar la reclamación que hizo el marido y las lesiones, el juez estimó que el daño moral ocasionado por esa pérdida de oportunidad debía valorarse en 30.000 euros.
UN CASO QUE SE PRESENTABA COMPLICADO
En palabras a Confilegal, desde el despacho han explicado que el caso se presentaba complicado y que, desde su criterio, de haberse realizado las pruebas diagnósticas a tiempo la enfermedad estaría en un estadio inicial. Y ello había que demostrarlo.
«Sin darnos cuenta iniciamos una auténtica peregrinación por el desierto buscando un perito oncólogo digestivo que avalase científicamente nuestra tesis, no estábamos teniendo suerte. Viajes, reuniones con catedráticos, discusiones con muchos oncólogos, mucho tiempo y recursos invertidos en el caso, pero firmes en nuestro propósito ya que habíamos hecho una promesa a nuestra cliente antes de fallecer, íbamos a hacer justicia y honrar su memoria», han detallado.
Finalmente el destino puso en su camino a un perito que, según han comentado, ha sido el mejor que han tenido hasta la fecha, el cual «brilló con luz propia en la sala.
Era un reto complejo en el que no podían fallar al joven que se había quedado viudo ya que tenía recursos económicos. «Una condena en costas hubiese sido el golpe de gracia para él».
Para los letrados «se ha hecho justicia» aunque la indemnización sea escasa porque, en este caso, nunca tuvo un móvil económico. «Esta sentencia ha de remover conciencias, nuestra cliente siempre dijo que no había dinero en el mundo que lo hiciese».